La foto corresponde al día 26 d Julio del 36 en Utrera. Ese día asesinaron a 108 personas. entre desaparecidos y fusilados, se estiman cerca de los quinientos.
Cuando el ejército de Franco entraba en un pueblo, se instalaba en él un cuerpo de información de la Guardia Civil, al que acudían los fascistas del pueblo para acusar a los republicanos, a los cuales se encarcelaba o fusilaba.»
Según un decreto de Franco, todo el que hubiese luchado contra su ejército podía ser condenado a seis años y un día de cárcel, si no tenía antecedentes; que, si los tenía, «la condena podía aumentar considerablemente y llegar incluso al fusilamiento.
Estos personajillos pulularon a lo largo de todo el País, eran delatores de sus propios vecinos, en muchos casos responsables de la ejecuciones de los mismos.
En cada barrio, la Falange nombra un Jefe de Distrito e instala una Delegación del Servicio de Información y Documentación de FET y de las JONS, una auténtica GESTAPO que espía cada movimiento de los ciudadanos, procediendo a detención y tortura de quiénes luego serían más tarde juzgados por supuestos delitos arrancados en sus declaraciones bajo coacción.
Las leyes se adaptaron para crear una red de espionaje masivo que alimentara un clima de terror constante. Así, el instructor solicitaba informes sobre el acusado al alcalde, al jefe local de la Falange, muchas veces la misma persona, al párroco y al comandante de la Guardia Civil, convirtiendo a estos personajes en los oídos y los ojos del régimen, una legión de chivatos que se entregaron con entusiasmo a la tarea.
Se habilitan como "agentes de la autoridad" a chivatos y matones en connivencia con la guardia civil.
La jerarquía de la Iglesia, se aplicó con diligencia a esta labor de persecución desde los púlpitos, llamando al arrepentimiento y hasta a delación. Los confesionarios eran observatorios de espionaje. Los párrocos expedían o negaban avales en función de criterios políticos y los capellanes castrenses en las cárceles, se convirtieron en fieles apéndices de un sistema penitenciario atroz.
Los aspirantes a empleos públicos eran depurados (investigados por si eran encontrados culpables de algo) y los que no pasaban la prueba iban «unos a la cárcel, otros a la calle o a trabajos malos: albañil, barrendero... Los republicanos estaban discriminados.»
Por supuesto, los chivatos eran premiados. En tiempos de miseria y hambre, se les garantizaba un puesto de trabajo, unos ingresos regulares o el perdón para algún familiar detenido.
Era una manera que tenía el régimen de ampliar su base social: al implicarles en todas las injusticias imaginables, los fascistas lograban que estos individuos cerraran filas con el gobierno para evitar el regreso de los vencidos. Claro está que de las desgracias ajenas siempre hubo quienes trataron de aprovecharse. Numerosos cargos policiales y militantes falangistas les pedían dinero a sus víctimas o las chantajeaban.
Autora: Lourdes García,
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