Violencia Roja y Azul, De lo sucedido en Dos Hermanas el 20 de julio de 1936 y días posteriores

En una primera fase, la Auditoría de Guerra siguió funcionando tal y como lo hacía antes del golpe. A medida que llegaban los partes de cualquier incidencia o los oficios de la Guardia Civil de cualquier pueblo se dictaba por el Auditor una orden de proceder y se nombraba un juez instructor para iniciar las diligencias, muchas de las cuales se elevaban a causa. Estos procedimientos –mil cuatrocientos sesenta y siete desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre de 1936– , resultan en su mayor parte  fundamentales para reconstruir las matanzas del verano de 1936 a golpe de bando de guerra. La razón de que exista esta excepcional información radica en que un número muy considerable de personas detenidas en los primeros momentos en la zona ocupada fueron procesadas por la Auditoría de Guerra e interrogadas por jueces instructores nombrados al efecto. Posteriormente, por decisión expresa de los mandos militares y de la Delegación de Orden Público, se decidió la eliminación física de la mayoría de esos detenidos, por lo que, al sobreseerse sus casos una vez desaparecidos, quedó constancia documental de su paso por la “justicia” militar.  Así es como conocemos el destino de centenares de personas asesinadas con sus datos personales, declaraciones e incluso, en muchos casos, la fecha de su muerte.  Entre los ejemplos que podrían darse veremos uno.

El 20 de julio de 1936 fuerzas de caballería al mando del capitán Ramos de Salas acompañados de guardias civiles ocuparon Dos Hermanas. La operación se efectuó de forma muy violenta, entre gritos de ¡Viva España! al bajar de los camiones y disparando sin contemplación alguna contra los trabajadores que se encontraban en la Casa del Pueblo e incluso contra los que salieron con bandera blanca. Luego, como era frecuente,  se hablaría de “agresión” a las fuerzas del ejército, falseando los hechos e intentando justificar la matanza que llevaron a cabo tras su entrada en la localidad. Los disparos de ametralladora y fusiles alcanzaron a trece trabajadores, cinco de los cuales murieron en el acto, dos más en Sevilla, (uno de ellos, Juan Álvarez Coto, en el autobús que lo trasladaba herido a la capital y otro, Casimiro Rivas Romero, en el hospital unos días después) y seis resultaron heridos y fueron llevados también a Sevilla. Los heridos, algunos de pronóstico muy grave, eran Miguel Saeta Cosa, Manuel Bernal Ramos, Francisco Jiménez Guillén,  Salvador Pernia Valiente, Francisco Díaz Román, y Luis Planas Rivas. Ese mismo día 20 el alcalde socialista Manuel Rubio Doval y el jefe de la policía municipal Francisco Grillo González fueron detenidos junto con otros y conducidos en cuerda por la columna en su retorno al cuartel. Estos dos hombres fueron de los primeros asesinados en Sevilla, el día 24 de julio de 1936. Cayeron junto al capitán de la Guardia de Asalto José Álvarez Moreno en la tapia del cementerio sevillano y los enterraron en los nichos 58, 69 y 60, de tercera clase, de la calle San Antonio. Tuvieron ese extraño privilegio de no inhumarlos en la fosa común, que ya había comenzado a llenarse. Sin embargo, con el tiempo el privilegio se tornó macabro: el 5 de junio de 1.968 los cadáveres de Manuel Rubio y Francisco Grillo fueron trasladados al panteón de los “Caídos”. 

Una vez que ocupado el pueblo, el comandante militar, con el entusiasta apoyo de las fuerzas derechistas y fascistas de la localidad, se dedicó a la detención de todos los izquierdistas que encontraron. Al día siguiente de la “liberación”, el 21 de julio, empezó a confeccionar un atestado que terminó el día 28 enviándolo a la División  junto con veintidós detenidos. Días después nuevos detenidos se sumaron a los primeros y fueron enviados igualmente a Sevilla. Cuando el atestado llegó a la Auditoría el auditor Bohórquez Vecina nombró juez instructor y éste se dirigió a la cárcel provincial para tomarles declaración. Pero, como ya había ocurrido en otras ocasiones, cuando entregó la lista le comunicaron que allí no estaba ninguno de ellos. Incluso vocearon sus nombres en el patio sin resultado alguno. Fue un preso de Dos Hermanas quien dijo al instructor que a esos hombres los habían llevado a la comisaría de la calle Jáuregui, o más exactamente al cine Jáuregui, utilizado como depósito anexo a la comisaría por estar llenos sus calabozos. Se desplazaron allí y buscaron infructuosamente hasta que otro preso dijo al juez que los habían trasladado al barco-prisión Cabo Carvoeiro, donde por fin les pudo tomar declaración.

La realidad era que, independientemente del curso que llevara la instrucción del procedimiento, el delegado de Orden Público, de acuerdo con la División, decidía qué hacer con los detenidos, lo que casi siempre equivalía a su desaparición. De los seis heridos del día 20 trasladados a Sevilla dos, como dijimos, murieron a consecuencia de las heridas y otros tres fueron asesinados; del grupo de los veintidós que formaron el atestado inicial quince fueron igualmente asesinados en sucesivas sacas, y así sucesivamente. A medida que el juez instructor iba buscando a los detenidos para cualquier diligencia o interrogatorio se enteraba de los que habían sido ya eliminados y, por lo tanto, eran retirados del sumario. De este modo, son las primeras causas que se instruyeron en Dos Hermanas, las que involuntariamente nos informan sobre el destino de muchas personas de las que no quedó rastro alguno.

Estos veintinueve hombres, cuyos nombres recogemos en su memoria, no volvieron jamás a Dos Hermanas. Solamente de ocho de ellos se hallaría algún rastro en otras fuentes, sobre todo cuando, bastantes años después, fueron inscritos en el registro civil: Miguel Saeta Cosa, Manuel Bernal Ramos, Francisco Jiménez Guillén, Manuel Rubio Doval, Francisco Grillo González, Manuel Madueño Tirado, Francisco Díaz Rubio, Antonio Barbero Claro, Esteban Martín Pérez, José Pavón Romero, Manuel García Martel, Antonio Sáenz García, Luis Arana Jiménez, Juan García Martín, José Rivas Neira, Rogelio Pastor Ereza, Diego Cabrera Fernández, Manuel Díaz Rubio, Antonio Ramos Madueño, Antonio Gómez Díaz, Miguel Zambruno Rubio, Manuel Jiménez Madueño, Antonio Mejías González, Juan Morón Rosado, Manuel Núñez González, Antonio Pelayo Ruiz, Juan Durán Padilla, Francisco García Ramos y Manuel Henares Avilés.

Otros, como Francisco Ponce Bancalero, Gaspar Velasco Cueto, Francisco Díaz de la Haza o Salvador Pernia Valiente, aunque ejecutados también, lo fueron por sentencia de consejo de guerra y, al menos, quedó constancia escrita de su muerte, al igual que los que sobrevivieron a la matanza y posteriormente fueron juzgados. 

Éste caso de Dos Hermanas constituye un ejemplo suficientemente ilustrativo de lo que señalábamos sobre el interés de los archivos judiciales militares. Ciertamente son muchos los casos similares que arrojan información y abren numerosas rendijas en el espeso muro de ocultación con que los represores cubrieron sus actos criminales. Bastaba con que un simple papel llegase a la Auditoría de Guerra para que la maquinaria burocrática militar se pusiera en marcha y un instructor iniciara diligencias.  

Fuente: Texto aportado por José María García Márquez, extraído del libro: “Violencia roja y azul” (ISBN: 978-84-9892-116-8).

Francisco Espinosa Maestre, editor. José María García Márquez, Pablo Gil Vico, José Luis Ledesma. Editorial Crítica, Barcelona, 2010. págs. 87-90.